febrero 21, 2013
Declaración pública del Gobierno Dominicano sobre Bahía de las Águilas
Procurando el mejor esquema posible que permitiera rescatar de la
pobreza a los hombres y mujeres de nuestro Suroeste, el gobierno
dominicano diseñó un plan que permitiera destrabar la larga litis
judicial en que se encuentran los terrenos del litoral de la provincia
Pedernales. A tal efecto, examinó diversos mecanismos de solución, de
los cuales se escogió el más expedito y definitivo que es el acuerdo
transaccional que han dado cuenta los medios de comunicación del país.
El
indicado acuerdo mostraba la ventaja de obtener una solución rápida y
definitiva, que permitiera convertir ese patrimonio en un bien
aprovechable, mediante mecanismos jurídicos y financieros de gran
transparencia, para promover los planes de desarrollo de dicha región
que el gobierno había previamente estudiado y acordado.
Sin
embargo, la propuesta de solución levantó críticas en cuanto a su
legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública. Hemos
escuchado a personas e instituciones de la sociedad, quienes critican
que se realice un acuerdo con personas sobre las cuales pesa la
acusación de haber obtenido de forma fraudulenta los títulos que están
alegando en justicia.
En consecuencia, y por recomendación de la
comisión de funcionarios encargados de viabilizar el referido plan, se
ha desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había formalizado a
la fecha. Aguardaremos, entonces, un fallo definitivo de los órganos
judiciales correspondientes a cuyo cargo están las litis que afectan a
los terrenos aludidos.
El Poder Ejecutivo confía en que las
jurisdicciones apoderadas de la litis realicen todos los esfuerzos para
la agilización y terminación de los procesos y conclusión de los
mismos. Así mismo, reclama del Procurador General de la República y de
la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional que asuman la
responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso. Nadie
acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se han producido
sentencias definitivas que lo resuelvan.
El Gobierno reconoce el
esfuerzo, dedicación y compromiso de los funcionarios que fueron
comisionados para procurar la solución que habíamos adelantado, quienes
actuaron por mandato expreso del Presidente de la República.
Reiteramos
ante el País, que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos
en cuestión, por lo que seguiremos explorando alternativas que nos
permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y social de
toda esa zona, para sacar de la miseria y el abandono a cientos de miles
de ciudadanos de la Zona Enriquillo.
Nuestra preocupación seguirá
siendo lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias
del Suroeste, para lo cual es indispensable que pueda darse el uso
adecuado a los recursos naturales que hacen de Pedernales un polo
turístico de magnificas potencialidades.