Miami (EEUU), 15 jul (EFE).- Varios grupos de hondureños en EE.UU. pidieron hoy a los presidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Venezuela, Hugo Chávez, respaldar el proceso de mediación para solucionar de manera pacífica la crisis en Honduras. La Alianza de Miami por Hondureños en Paz y Democracia, que agrupa a diversas organizaciones del país centroamericano, formuló su petición en una misiva que entregaron en los Consulados Generales de República Dominica y Venezuela en esta ciudad.
"Solicitamos a ambos que si realmente apoyan a Honduras respalden la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, entre el depuesto presidente Manuel Zelaya y el presidente interino Roberto Micheletti sin más comentarios negativos", dijo la organización en la misiva.
Esos comentarios, advirtieron, resultan "contraproducentes" en estos momentos y representan una "injerencia" en los asuntos internos de la nación centroamericana que "rechazamos los hondureños que deseamos una solución pacífica a la actual crisis".
José Lagos, presidente de la Unidad Hondureña y que forma parte de la alianza, pidió a Zelaya no imponer "ningún ultimátum ya que no contribuye con el proceso de mediación y diálogo que se inició recientemente".
"Y por medio del cual albergamos la esperanza se resuelva de manera pacifica la actual crisis", declaró el activista.
Zelaya dio un ultimátum a Micheletti desde Nicaragua para que lo restituyan en la Presidencia, al tiempo que advirtió de que si ello no sucede, dará por fracasada la mediación de Arias y procederá "con otras medidas" que no divulgó.
"Damos un ultimátum al régimen golpista (de Roberto Micheletti) para que a más tardar en la próxima reunión que se realizará esta semana en San José, Costa Rica, se cumplan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y de la Constitución hondureña", dijo Zelaya el lunes en Managua.
El martes, en Guatemala, Zelaya llamó a los hondureños a la insurrección para sacar del poder a los que lo derrocaron el pasado 28 de junio.
"El derecho a la insurrección es un derecho constitucional. Nadie comete un delito en un gobierno de facto, por protestar pacíficamente en diferentes campos de la sociedad", señaló.
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